PURIN POR RIEGO

Esta mañana os traemos la nueva normativa de inyección en el suelo de purines. Una práctica como la de regar el campo con purines que se venía extendiendo desde hace generaciones será prohibida en breve.

La UE prohíbe abonar con purín por riego, como hacen las granjas gallegas

Cambiar esta práctica, muy extendida en Galicia, costará 70 millones

Si nada lo remedia, a partir del próximo año  estará prohibido esparcir el purín por el aire. Tal y como se viene haciendo en Galicia durante el último medio siglo. La nueva normativa europea en este ámbito obliga a inyectarlo en el suelo. O también a enterrarlo directamente en el caso de que se trate de estiércol.

Esta modificación que deben cumplir todos los beneficiarios de las ayudas de la PAC ha caído como un jarro de agua fría en el sector productor. Que no solo se verá obligado a cambiar sus sistemas trabajo, sino también su maquinaria. En Galicia se calcula que el coste de esta operación superará ampliamente los 70 millones de euros. Que deberán destinarse, principalmente, a renovar buena parte de las más de 20.000 cisternas existentes en la comunidad. Apenas un 10 % de ellas tienen capacidad técnica para adaptar el sistema de inyectores que permite la inserción del purín en el terreno. Y cuyo coste oscila entre los 12.000 y los 18.000 euros, tal y como apuntan desde el concesionario  de una conocida marca alemana de maquinaria.

Cambio de maquinaria

El triple de esa cantidad. El precio varía en función de la marca, el tipo de chasis y, sobre todo, la capacidad. Deberán desembolsar los que tengan que adquirir una cuba nueva. Y que en Galicia serán, por lo bajo y teniendo en cuenta que la norma prevé dejar fuera a las explotaciones menos dimensionadas, más de dos mil granjas.

Por si esto no fuese suficiente, muchos propietarios también tendrán problemas con sus tractores. Dado que las exigencias de potencia de las cisternas con inyectores son sensiblemente mayores que las de las tradicionales. Complicación a la que se añade la lentitud con la que se aplica el purín utilizando el sistema de inyección en comparación con los actuales de plato, abanico o cañón. Pues si descargar una cisterna de 18.000 litros esparciéndolo por el aire lleva entre cuatro y cinco minutos, para infiltrarlo en el terreno son necesarios más de quince.

Contratiempos

Todos estos contratiempos han puesto en pie de guerra a las organizaciones profesionales agrarias. Que critican de forma unánime una normativa que algunos no dudan incluso en valorar como «imposible de cumprir neste momento». Es el caso de Román Santalla, ganadero y responsable de ganadería del sindicato UPA -matriz estatal de Unións Agrarias-. Que pide un período de transición amplio para que las granjas puedan adaptarse a este cambio. Además de que se atiendan los especiales condicionantes del agro gallego a la hora de definir excepciones a la norma.

Más duros se muestran desde entidades como la Organización de Productores Lácteos (OPL), que critican duramente al Ministerio de Agricultura por enfrentar a distintos sectores productivos . Al parecer, el origen de la norma viene dado por la elevada contaminación provocada por las granjas porcinas intensivas-. Al tiempo que se debería diferenciar la procedencia de los purines, basando dicha diferencia en los niveles de contaminación de cada uno. Y tener en cuenta la superficie real de vertido que tenga cada ganadero.

Peticiones desde la Xunta

Desde la Consellería do Medio Rural dicen estar trabajando para minimizar el impacto de esta modificación normativa sobre las granjas gallegas. Tal y como reconoce la directora xeral de Gandaría, Belén do Campo. Se estudia la petición de una moratoria y que se establezcan distintas excepciones atendiendo a las características especiales de las granjas y a las condiciones orográficas y climáticas de la comunidad.

Con todo, la modificación de la normativa sobre aplicación de purines trae consigo algunos beneficios. Desde el punto de vista medioambiental, se reduce sensiblemente el volumen de amoníaco que se libera a la atmósfera. Mientras que, atendiendo a aspectos agronómicos, permite optimizar la gran capacidad fertilizadora de este desecho orgánico. Enterrarlo, en lugar de depositarlo simplemente sobre la superficie, posibilita que la tierra aproveche en mayor medida nutrientes abundantes en el purín como el fósforo, el potasio y, principalmente, el nitrógeno.

PURINES, EL GRAN ENEMIGO AMBIENTAL

La realidad de los purines, un problema ambiental recurrente

 

Es cierto que España ha alcanzado el primer puesto en la producción de ganado porcino en Europa. Con más de 28 millones de cabezas y casi 90.000 explotaciones. Lo que determina una generación de purines de más de 50 millones de toneladas al año. Volumen que bajo ningún concepto puede ser gestionado mediante su aplicación directa en tierras de cultivo.

Esta situación no es nueva y en algunas comarcas del país. Así como Cataluña, Aragón, Segovia y Murcia. En ellas la elevadísima concentración de granjas viene generando excedentes de purín desde hace muchos años.  Y los vertidos incontrolados de los mismos han provocado una contaminación de los acuíferos perfectamente conocida.

DIRECTIVA EUROPEA

Tras la aprobación de la Directiva europea para la protección de las aguas de la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícolas y ganaderas. Se aprobó el Real Decreto 261/1996, acompañado del establecimiento de las denominadas Zonas Vulnerables. En las cuales la máxima cantidad de nitrógeno permitido es de 170 kg por hectárea y año.

Para que podamos hacernos una idea de lo que esta limitación significa. En el entorno de una granja, cada hectárea de suelo agrícola no debería recibir el purín de más de 20 cabezas de ganado. Siendo habitual que en las zonas de alta concentración pueda haber 2000 cabezas o más por hectárea disponible. Esto determina que más del 20% de los purines generados sean excedentes. Cuyo destino no puede ser la aplicación agrícola directa.

El incumplimiento reiterado de la Directiva en ciertas zonas determinó sanciones al Estado español que recomendaron al Gobierno buscar alguna solución. Para ello se buscó una alternativa equivalente a la usada para otros residuos. Con la aprobación del Real Decreto 2818/1998, que establecía unas primas para las plantas de cogeneración destinadas al tratamiento de los purines.

Al amparo de la citada norma, a partir del año 2000 se establecieron una serie de instalaciones en las zonas más críticas. Que, sin resolver el problema en su totalidad, lo paliaron al eliminar parte de los excedentes. En este sector llegaron a operar 29 plantas, integradas en la asociación de empresas de tratamiento (ADAP).

Estas instalaciones tuvieron que ir cerrando paulatinamente su actividad a partir de la reforma del sector eléctrico de 2012. Hasta la parada de la totalidad de ellas. Plantas que están hoy a la espera de la aplicación de una sentencia favorable del Tribunal Supremo. Que en todo caso no permitirá la puesta en marcha de mucho más allá del 50% de las mismas.

CONTAMINACIÓN

Y en estos más de 20 años ¿qué se ha hecho por resolver el problema creciente a medida que lo hacía el sector porcino?.

Prácticamente nada, además de lo ya dicho, salvo constatar cómo además de la contaminación de las aguas por nitratos, los purines contribuyen de forma relevante a las emisiones de amoniaco (emisiones que en España siguen creciendo) y de forma muy relevante a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en razón de las emisiones de metano producidas por la aplicación de los purines sin tratamiento previo.

Ante el agravamiento del problema derivado del cierre de las plantas y la falta de alternativas realistas. Por cuanto algunas propuestas tecnológicas innovadoras o están en fase de experimentación o sus costes son inabordables. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y algunas Comunidades Autónomas -muy apurados por la situación- optaron por una solución genial. Transportar los purines excedentes a zonas alejadas para almacenarlos en balsas hasta el momento de su aplicación al suelo.

En ningún momento de la larga historia de la gestión de los purines se había planteado esta opción como solución generalizada. Por cuanto transportar algo cuyo contenido en más del 90% es agua, a más de 100 km. Que en ocasiones es la distancia a la que se encuentran zonas aptas para el vertido. Es un dislate económico, por no hablar del agravamiento del impacto ambiental por el transporte. Y porque las balsas son una fuente permanente de emisiones.

 

SOLUCIONES

 

Como el problema no es nuevo, ni exclusivamente de España, conviene revisar las soluciones que se dan en otros países de la UE. Que también tienen problemas de purines donde se ha comprobado que el aprovechamiento agrícola de los mismos (cuyo uso no se discute) se hace preferentemente tras su tratamiento por medios físicos, químicos, biológicos o térmicos, única forma de evitar los impactos negativos, consiguiendo que los ganaderos cumplan con las normativas ambientales sin poner en riesgo la viabilidad de su actividad.

En la mayoría de esos países se ha optado por la tecnología de biodigestión para generar biogás. Por su madurez y su perfecta aplicación al caso de los purines. Existiendo en la actualidad miles de plantas en operación en la UE.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) los estiércoles del sector ganadero contribuyen de manera destacada a la emisión de GEI. Especialmente metano, que se emite desde la generación del purín, durante su almacenamiento y tras su aplicación al suelo.

Con estos argumentos, la Directiva 2009/28/EC del Parlamento Europeo y el Consejo, para la reducción de las emisiones de GEI en Europa, fomenta el uso de subproductos y residuos de la agricultura como estiércoles, purines y otros materiales orgánicos para la producción de biogás, considerando este camino como el más idóneo por sus ventajas ambientales, económicas y sociales.

EL BIOGÁS

Las instalaciones de biogás, como consecuencia de su capacidad de generar calor, electricidad o usarse como biocarburante, así como subproductos de aplicación agrícola y por su carácter descentralizado, pueden contribuir de manera significativa al desarrollo rural.

Esta potencialidad de la biodigestión para abordar el problema de los purines y contribuir a la mejora ambiental ha sido reconocida en el Paner (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020), que en su día redactó IDAE y se entregó a la UE, además en el excelente documento El Biogás Agroindustrial en España, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, así como en las bases del Plan de Biodigestión de Purines (2009), que nunca se desarrolló.

De manera que, frente a las cifras antes citadas de Europa, las plantas de este tipo en España no van más allá de lo testimonial y las posibilidades reales de su desarrollo futuro, en las condiciones económicas y normativas existentes, son prácticamente nulas.

Las carencias y limitaciones de las normativas, así como la propia estructura del sector porcino. Basada en la dependencia económica de muchas de las granjas (integración) de las grandes compañías del sector cárnico. Hacen difícil que los ganaderos puedan asumir la totalidad de los costes de tratamiento de los purines.

En este sentido, el profesor Xavier Flotats de la UPC,  establece los criterios para que la solución al problema de los purines sea una realidad. Sus argumentos son tan sólidos y basados en tan larga y profunda experiencia que me permito reiterarlos: «La resolución de este problema requiere de una reorganización del sector que suponga la internalización y reparto de responsabilidades económicas y de gestión, hoy exclusivamente centradas en los ganaderos, a menudo integrados en una cadena de valor en la que ellos son el eslabón más débil».

VIABILIDAD

Por tanto, para que sea viable esta nueva apuesta por una solución sostenible es imprescindible que en la solución se impliquen. Además de los ganaderos, el sector cárnico, propietario de las grandes compañías integradoras. Y que hoy mayoritariamente se mantiene ajeno al problema y a sus soluciones. Pese a los excelentes resultados de un sector en pleno auge. Que ya representa casi el 40 por ciento de la producción ganadera total.  Y con exportaciones que superan los 4.000 millones de euros.

Como también dice el Dr. Flotats, el tratamiento de los purines no puede ser una pieza aislada. Cuyos elevados costes lo hagan inviable. Debe formar parte de todo un proceso industrial vinculado a otros sectores estrechamente relacionados. Como los residuos agroindustriales y los fertilizantes.

En todo caso, la importancia ambiental y social del problema de los purines requiere de actuaciones sin demora, dado el carácter insostenible de la situación.

No basta con las denuncias que últimamente proliferan en algunos medios. Y tampoco es una solución reducir al mínimo una actividad económica. Determinante en ciertas comarcas y de gran importancia para el país. Pero la situación no permite eludir por más tiempo el grave problema existente.

Debe revisarse la política española frente al cambio climático. Y se ha iniciado el desarrollo de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Deben recogerse en ella los medios que permitan la utilización de tecnologías. Como la biodigestión para el tratamiento de los purines. De manera que se pueda mantener el desarrollo de un sector de tanta relevancia, pero en condiciones de sostenibilidad económica y ambiental.

Fuente ELECONOMISTA.ES  22/09/2017

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REGULACIÓN DE PURINES

La nueva regulación de purines amenaza con dejar sin ayudas de la PAC a granjas gallegas

Prohíbe aplicar el abono agrícola con cisternas sobre el campo. E impone la inyección subterránea – Medio Rural contacta con otras comunidades para fijar excepciones.

Las nuevas exigencias para acceder a las ayudas de la PAC ponen contra las cuerdas a los ganaderos. La nueva regulación de los purines prohíbe que puedan ser esparcidos en la tierra por medio de cisternas. Tal y como se hace en la actualidad, e impone la inyección de este fertilizante orgánico en el suelo.

Desde el sector agronadero gallego advierten de que los costes de esta canalización y la amenaza de perder las subvenciones europeas el próximo año «laminarían» muchas explotaciones en la comunidad que ya están con el agua al cuello por las fuertes inversiones durante los últimos años, por lo que nada más se publicó en el Bolentín Oficial del Estado (BOE) este decreto, el pasado día 11, el sindicato Unións Agrarias reclamó a la Consellería de Medio Rural una mesa de trabajo para buscar soluciones a las nuevas exigencias de la PAC sobre la gestión de purines.

«En Galicia es completamente inviable por el modelo de explotaciones», advierte el secretario de Unións Agrarias, Roberto García, que reclama a la Xunta una moratoria en su aplicación para la comunidad.

BUSCANDO CONSENSO

Responsables de la Consellería de Medio Rural ya se han puesto en contacto con otras comunidades. Tales como Castilla y León, Cantabria y Asturias. Para conocer el alcance e la nueva regulación a las explotaciones de estos territorios. Con el objetivo de «buscar un consenso y estudiar posibles excepciones a estas prohibiciones». Que van a condicionar los pagos directos en la PAC del próximo año.

El departamento que dirige Ángeles Vázquez ha pedido informes para determinar el número de explotaciones que se verían afectadas en la comunidad. Ya que, detalla, las pequeñas quedan excluidas de la regulación. En los próximos días, Medio Rural convocará a las organizaciones profesionales agrarias.  Para que les trasladen sus «inquietudes» y así trabajar «de manera coordinada».

La aplicación de purín en las superficies agrarias, según recoge del real decreto 988/2017, no podrá realizarse mediante sistema «de plato o abanico ni cañones». Pero deja la puerta abierta a que «las comunidades autónomas puedan establecer excepciones, atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas, u otros motivos», siempre y cuando, añade, estén «debidamente justificadas».

UNA MORATORIA

Aquellas explotaciones que no se ajusten a las nuevas exigencias no recibirán ayudas de la PAC el próximo año. Para tratar de minimizar el impacto de la nueva normativa, UUAA reclama a Medio Rural una moratoria en su aplicación para minimizar el impacto en las explotaciones de la comunidad.

Los ganaderos advierten de que fijar esta prohibición a corto-medio plazo supone la penalización para los agricultores en la PAC y es inadmisible cuando hoy en día la práctica totalidad de los equipos de aplicación de purines que se utilizan en el campo son de abanico o cañón. Y más todavía, cuando en los últimos años se ha invertido en este tipo de maquinaria. «La inversión que ahora se requiere lo hace inviable», sentencia Roberto García.

Fuente FARO DE VIGO  26/11/2017 

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